Autor: Marco Antonio Plaza Vidaurre
Investigador y docente universitario
13 de Diciembre 2011
Mediante Decreto Supremo en el primer semestre del 2011 se aprobó el Plan Bicentenario hacia el año 2021. Los objetivos que plantea éste son los siguientes: 1. Una población que no tenga pobreza extrema, desempleo, desnutrición infantil, analfabetismo ni mortalidad infantil
2. Un ingreso per cápita entre $8,000 Y $10,000.
3. Una duplicación del PBI.
4. Cuadriplicar las exportaciones
5. Crecimiento del PBI de 6%.
6. Tasa de inversión anual promedio del 25%.
7. Aumentar la presión tributaria en 5% del PBI.
8. Pobreza menor al 10% de la población total.
Sin lugar a dudas estos objetivos son muy ambiciosos y todos los peruanos quisiéramos que se cumplan. De ser así, el Perú estaría en una senda que lo acercaría a ser un país cuyos integrantes tengan una buena calidad de vida.
Siguiendo con el Plan, éste contempla seis ejes estratégicos, que los resumimos a continuación: 1. Derechos fundamentales y dignidad de las personas.
2. Oportunidades y acceso a los servicios.
3. Estado y gobernabilidad.
4. Economía, competitividad y empleo.
5. Desarrollo regional e infraestructura.
6. Recursos naturales y ambiente.
En este artículo, nos concentraremos en el eje estratégico Nº 4 relacionado a la economía. Éste contempla una serie de variables como: objetivo nacional, lineamientos de política, objetivos específicos los que se vuelven operativos con una serie de indicadores, metas y acciones estratégicas. Inicialmente analizaré el objetivo nacional y luego meditaré sobre cómo debe encararse la política económica con una visión de largo plazo.
El objetivo nacional del cuarto eje estratégico es el siguiente:
“Una economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad”. Y los siete objetivos específicos son: 1.- Política estable y previsora que alienta el crecimiento económico sostenido a través de la inversión privada y pública en actividades generadoras de empleo.
2.- Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad.
3.- Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados.
4.- Innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico.
5.- Incrementar empleos adecuados para la modernización inclusiva.
6.- Marco institucional y jurídico que garantice las inversiones.
7.- Mercados financieros transparentes y eficientes, con instituciones sólidas que facilitan el financiamiento y la inversión.
En relación al objetivo nacional percibo que está orientado hacia la macroeconomía dejando de lado la importancia que tiene la productividad de los factores productivos en especial el de la mano de obra.
El objetivo contempla tres conceptos que están relacionados en la práctica: la competitividad, el empleo y la productividad. Mi inquietud es la manera como se ha planteado la secuencia lo que aparentemente de ser un problema de forma, se puede convertir en uno de fondo. Yo considero que debe ser al revés: productividad, empleo adecuado y competitividad. Y explico la razón por la cual considero importante esta observación.
Sabemos que una intensificación del capital en los procesos productivos o que la economía en su conjunto se vuelva más capitalista traerá como consecuencia que tanto la producción como en especial la mano de obra se tornen más productivas. Esto a su vez ocasionará que las empresas demanden más trabajo y por consiguiente se dará un aumento sostenido del empleo adecuado y de los salarios reales. Luego, una economía más productiva será más competitiva toda vez que sus productos podrán ser ofrecidos en los mercados a mejores precios dados los menores costos unitarios.
En cuanto a los objetivos específicos, están bien planteados. Sin embargo es necesario darle un contenido estratégico a la política económica de tal manera que no solamente logremos éstos sino los superemos. Mi preocupación se sustenta en que está demostrado que políticas económicas intervencionistas no ayudan a lograr objetivos de largo plazo como los planteados en el Plan Bicentenario.
Lo primero sería definir la carga tributaria que deben soportar las familias con la finalidad que su economía sea afectada lo menos posible. Esto descansa sobre el principio liberal que las personas no deben sacrificarse por el simple hecho que el Estado necesite más recursos.
Por ejemplo, sabemos que el Impuesto General a las Ventas conocido como el IGV es extremadamente alto y esto nos perjudica a todos y en especial a los más pobres. En tal sentido, podemos plantear que este impuesto debe tener un valor máximo de 6%.
Ahora bien, para poder reducir el IGV es necesario que todas las empresas y trabajadores paguen sus impuestos, pero infelizmente esto no sucede en la actualidad. No cabe duda que ésta sería la razón por la cual el impuesto antes señalado lo mantienen tan alto en las últimas décadas. Entonces la solución será que todo el mundo cumpla con los tributos y así las familias poseerán más recursos para gastar y/o ahorrar, pero, ¿por qué no es así? El problema de fondo es la informalidad en el mercado de trabajo el que se ha convertido en un problema álgido que enfrentamos constantemente. Por tanto la reducción de la informalidad laboral es, de manera natural, un objetivo específico.
Pero, ¿cómo reducimos la informalidad? Llevando a cabo una especie de revolución en la legislación de tal manera que sea fácil pagar impuestos y también que las empresas estén incentivadas a tener empleados formales en sus filas. En otras palabras, crear las condiciones legales y económicas para que no sea caro contratar profesionales, empleados y obreros.
Sin embargo, es necesario definir los límites de la intervención del gobierno en temas de bienestar socio económico y sobre todo la proporción del gasto público respecto al PBI. Los programas sociales y los gastos en salud y educación no pueden tener la misma envergadura eternamente y menos aumentar, pues, deben ir disminuyendo mientras la población tenga mayor capacidad adquisitiva y decida recurrir a servicios privados.
Podemos plantear que una parte considerable del servicio de salud que ofrece el Estado, en un lapso de tiempo determinado, sea absorbida por la empresa privada. Esto se lograría creando condiciones para que más empresas privadas compitan en el mercado de los servicios de salud y seguros médicos.
Y en el caso de la educación, si el Estado no puede mantener centros educativos de buen nivel, me refiero a infraestructura y servicio educativo, deberá ir transfiriendo éstos al mejor postor. Y en todo caso, que subsidie la demanda, lo que significa que la función pública debe dejar de ser constructor, operador y proveedor de servicios en el mercado de la educación. Con estas dos líneas de acción, el gobierno tendrá más recursos para orientarlos a otros rubros de suma importancia como es la seguridad interna, externa, justicia e infraestructura. Es decir, una buena porción del gasto público debe ser sustituida por el gasto privado.
Lo que hoy en día vemos es todo lo contrario. Primero, se definen las tareas del Estado (las que cada vez son mayores dependiendo del gobernante); segundo, se estima cuánto dinero necesita el Estado para su funcionamiento; y tercero, se “imponen” (o se mantienen que sería lo mismo) los impuestos sin importar como se vería afectada la economía familiar. Lo más preocupante de todo es que no se avizora un cambio en este método perverso de hacer política fiscal.
Esto responde a una visión colectiva de la economía dado que una gran parte del presupuesto de la república se gasta en programas sociales afectando al individuo que vive de su trabajo.
Por tanto, mientras no se ataque de raíz la informalidad laboral los impuestos, que afectan a las familias y empresas, se mantendrán muy altos. El gobierno seguirá recaudando una gran cantidad de dinero y lo gastará en programas sociales asistencialistas y dará vueltas y vueltas en políticas económicas mercantilistas que podrían arrojar por la borda los objetivos del Plan Bicentenario.
