RUMBO ALEATORIO EN LA VISIÓN DE ESTADO, ECONOMÍA Y TRIBUTOS

En estos días, leyendo los diarios y oyendo los noticieros, me di con la gran sorpresa que el gobierno ha promovido un planteamiento de política económica que no resiste un análisis mínimo. Sobre todo viniendo de una persona exitosa como empresario.

Con un poco de sentido común, asumiendo que el Ministro de Economía y Finanzas tampoco está muy convencido de la medida, al menos eso reflejó en sus declaraciones en “La hora de Jaime de Althaus”, se puede decir que esta receta viene de un gobernante que a pesar de tener dos mandatos en sus hombros, no muy exitosos en temas de inflación,  parece que no ha aprendido los principios básicos de la economía que todo aquél conductor de una Nación debe saber.

Lo que debe estar sucediendo es que la inflación no deja dormir al señor Presidente y el insomnio lo hace tomar medidas desesperadas con tal de evitar que los precios de los bienes y servicios aumenten a una mayor velocidad. ¿Por qué guardan silencio los economistas a su servicio? Protegen sus empleos. No es mi caso.

Plantear que una disminución del Impuesto General a las Ventas (IGV) frenará la aceleración de la inflación es el disparate más grande que he escuchado en materia de política económica.

Primero, los impuestos son un componente de la política fiscal, y esta no tiene como objetivo la inflación por la sencilla razón que no se relaciona con  la emisión de dinero; segundo, bajar los impuestos no afectará a todos los bienes y servicios por igual, pues, dependerá de la sensibilidad de la demanda ante variaciones del precio (elasticidad / precio) de cada uno de los bienes y servicios; luego basándonos en este principio, podemos plantear que disminuir el impuesto a las ventas afectará con mayor intensidad a los precios de los bienes normales necesarios (demanda menos sensible a la variación de los precios) y muy poco a los precios de los bienes que tienen muchos sustitutos (demandas más sensibles a las variaciones de los precios); tercero, las familias pueden ahorrar o consumir más, lo que significa que no todos los precios de la economía disminuirán.

Otro tema que se relaciona con la política fiscal es el famoso planteamiento que ésta debe ser contracíclica, lo que significa que si la actividad económica disminuye más allá de lo normal, el gasto público debe aumentar para estimular la demanda agregada, y viceversa. Visto de otra manera, si la economía está creciendo aceleradamente, el gasto público deberá desacelerarse con la finalidad de no echar leña al fuego de la inflación. También existe la idea de que los impuestos no deben disminuir si la economía está creciendo, porque podría generar un proceso inflacionario. Estos dos argumentos están inspirados en lo que se conoce como el enfoque de la inflación por exceso de demanda, pero ¿qué demanda? Este enfoque trae mucha confusión y merece una explicación. Veamos. Si las personas de un día a otro se despiertan con ganas de hacer parrilla con carne de res, entonces es de esperar que aumente la demanda y los precios de los bifes, cuadriles, churrascos largos, pero, a su vez, se contraería la demanda de carne de pollo, pescado y otros; luego, no todos los precios aumentarán, pues, un exceso de demanda de un grupo de bienes significa un exceso de oferta de otros y, por tanto, no se genera inflación; ahora, si lo vemos como un fenómeno macroeconómico, entonces, dependerá de la razón por la cual está aumentando la demanda agregada en la economía. Por ejemplo, si el gobierno gasta más es porque ha recaudado más impuestos y tiene un gran ahorro, y es muy probable que éste sea consecuencia de impuestos demasiados altos o de falta de capacidad de gasto púbico. Este ahorro ha ocasionado que las familias hayan dejado de consumir, de ahorrar y de manera similar, que las empresas privadas hayan invertido o reinvertido menos. Si el gobierno se financia emitiendo bonos, se estará transfiriendo dinero de los privados al tesoro público.  En ninguno de estos casos se está financiando el gasto con más dinero, entonces, ¿influye el gasto fiscal en la inflación? La respuesta es negativa. En principio, una expansión del gasto público no acelera a la  inflación. Lo que sí ocasiona mayor inflación es una expansión de la demanda agregada que es consecuencia de un crecimiento de la oferta de crédito que tiene como fuente mayor emisión de dinero y tasas de interés artificialmente bajas. Ahora, si el gasto público tiene como fuente la emisión de dinero, cosa que es antidiluviana, deberíamos preguntarle a nuestro experto, que ya sabemos quién es.

Este asunto de frenar la inflación bajando el IGV tiene un transfondo populista. Nadie en su sano juicio podrá negar que el IGV actual (19%) es escandaloso, como nadie  dejará de preguntarse  cómo es posible que la economía esté creciendo increíblemente y que a ninguna autoridad se le haya ocurrido reducir impuestos que afectan el consumo familiar. Pero todos se han alineado con Don Status Quo, se han olvidado o quieren olvidar que el objetivo más importante del Estado es la seguridad de la sociedad y de las personas que incluye el derecho a consumir lo más barato posible de acuerdo a las leyes del libre mercado. El consumo familiar, hoy en día, se ha convertido en la última rueda del coche ya que el gasto púbico y las obras son ahora lo más importante para los políticos. Reconozco la importancia de la creación de infraestructura, pero esta función no puede llevarse a cabo destruyendo la economía familiar, de los más pobres, con impuestos inmorales y regresivos como es el caso del IGV, el selectivo al consumo y el de las transacciones financieras.

Existe un grave problema de visión de Estado, economía y tributación. La lógica actual podría describirse de la siguiente manera: primero, el Estado; segundo, el Estado y, tercero y nunca, la economía familiar y empresarial. La secuencia correcta debe ser al revés: establecer un límite de pago de impuestos a las familias y empresas  (este límite debe variar sólo en caso de amenaza interna o externa: guerra) de tal manera que sean beneficiados de la producción tanto interna como de las importaciones; luego determinar los objetivos del Estado (básicamente, seguridad interna y externa, justicia e infraestructura) y los recursos económicos que requiere para su buen funcionamiento y, en base a esta información, mediante consenso político con la  comunidad, determinar la carga tributaria a las familias y a la actividad empresarial. Realmente los políticos piensan al revés en cuanto a visión de Estado, economía y tributos.